La madera más cara

España sigue sin aplicar la legislación europea para erradicar la tala ilegal que destruye los bosques y la biodiversidad, dos años después de su entrada en vigor.

Mientras los políticos se reúnen en busca de acuerdos que frenen el calentamiento global, otras medidas ya pactadas llevan sobre la mesa desde hace años sin materializarse. Los esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar la tala ilegal que destruye los bosques primarios y la biodiversidad, iniciados a finales de la década de los 90 del pasado siglo, no han sido fructíferos en absoluto.
 
Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo alertó el pasado 22 de octubre de que el Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 (llamado European Timber Regulation), destinado a impedir la importación y entrada en el mercado europeo de madera ilegal (y de sus productos derivados), arroja unos pobres resultados. Según el estudio, España, Grecia, Hungría y Rumanía no aplican completamente la norma, por lo que la madera ilegal se cuela sin problemas en el continente.


“La UE debería comenzar a poner orden en su propia casa y servir de ejemplo a la hora de resolver el problema de la tala ilegal y el comercio asociado con ella”, afirmó Karel Pinxten, el miembro del tribunal responsable del informe, en un comunicado. Porque “la aplicación parcial de una medida tan importante constituye un mal ejemplo para los países exportadores que han intensificado sus esfuerzos por explotar únicamente madera legal. Por ello, la Unión Europea (UE) corre el riesgo de verse acusada de doble moral”, denuncia el Tribunal.

El negocio mueve anualmente entre 30.000 y 100.000 millones de dólares

La ley para combatir la tala sin control, que entró en vigor en marzo de 2013, establece requerimientos a las empresas para que sea posible la trazabilidad completa de los productos forestales, y establece un régimen de sanciones. La normativa se enmarca en el Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés) de la UE, lanzado por la Comisión en 2003.

Su piedra angular es un sistema de licencias para garantizar que los países productores de todo el mundo exportan sólo madera legal. Pero la licencia se expide por parte del país de origen, según sus propias normas, después de haber suscrito un Acuerdo Voluntario de Asociación con la UE. Y en demasiados casos se trata de estados corruptos o de democracias todavía en ciernes.

Doce años después, el sistema todavía no funciona plenamente en ningún país socio, a pesar de que Indonesia y Ghana han logrado notables avances. Por su parte, Kenia, Tanzania, Uganda, Madagascar y Mozambique acaban de firmar la Declaración de Zanzíbar para combatir de forma conjunta el comercio de madera y otros productos forestales extraídos de forma ilegal en el este y el sur de África.

En los últimos años, Greenpeace ha denunciado varios casos de entrada de madera ilegal en Europa. Sin ir más lejos, el pasado septiembre informaba de que durante 2015 cinco empresas belgas, siete holandesas y dos españolas han estado involucradas en el comercio forestal de la compañía camerunesa CCT (Compagnie de Commerce et de Transport), relacionada con empresas madereras involucradas en la tala no regulada.

Proceso de infracción

Los ecologistas han destapado más casos de madera ilegal procedente de la Amazonía y de la República Democrática del Congo y vendida en el mercado español. “Hace dos años que la legislación europea entró en vigor, pero en España la situación es de absoluta dejadez, no se ha tratado el tema durante toda la legislatura”, explica a EcoAvant.com el responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto.

La Comisión Europea abrió en junio un proceso de infracción al Gobierno español por no hacer efectivo el reglamento que prohíbe la entrada de madera ilegal en el país y le urge a adoptar un marco legislativo para la aplicación del mismo.

La polémica Ley de Montes (Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre), aprobada en julio pasado y que entró en vigor en octubre, incorpora aspectos relacionados con la comercialización de la madera. En concreto, se establecen nuevas sanciones por la violación de los preceptos de la norma europea. Es decir, que “se ha aprobado un régimen sancionador, pero hasta la fecha no hay ningún tipo de control ni seguimiento de las actividades de las empresas comercializadoras”, explica Soto.

La deforestación causa el 17% del total de las emisiones de CO2 de origen humano

“Hasta que no se apruebe el proyecto de Real Decreto (a principios de octubre finalizó el período de alegaciones tras el procedimiento de participación pública) para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y sus productos no se implementará la legislación europea. Está por ver si el actual gobierno está en disposición de hacerlo antes de las elecciones”, remarca Soto. “Mientras, ante la inacción de las autoridades, la madera ilegal de Brasil y de la República Democrática del Congo (donde el 80% de la tala es ilegal) sigue entrando en nuestro país", añade. La buena noticia es que al dirigente ecologista le consta que “ante el vacío y la falta de diligencia del ministerio, la Fiscalía de Medio Ambiente está indagando”.

El negocio de la tala ilegal mueve anualmente en el mundo entre 30.000 y 100.000 millones de dólares (entre 28.100 y 93.900 millones de euros). La gran mayoría de la tala sin control tiene lugar en los bosques tropicales de la cuenca del Amazonas, África Central y el Sudeste Asiático, donde llega a suponer entre el 50 y el 90% de la madera producida, según un estudio de la Interpol y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A nivel mundial, se sitúa entre el 15 y el 30%.

La tala ilegal se lleva a cabo sobre todo en regiones en conflicto o en países donde la corrupción está generalizada, y la fomenta aún más. Además, priva a los gobiernos de ingresos fiscales considerables, deja sin sustento a los pueblos dependientes de los bosques y puede acentuar los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones. La deforestación –la legal y la ilegal– es también responsable de aproximadamente el 17% del total de las emisiones de CO2 de origen humano. Según un reciente estudio del Center For Global Development (CGD), mantener los bosques tropicales es una manera barata para luchar contra el cambio climático.

Los principales países exportadores de madera ilegal son Indonesia y Brasil. Les siguen Malasia, República Democrática del Congo, Papúa Nueva Guinea, Camerún, Laos, Ghana y República del Congo. El principal importador mundial de madera tropical, también la de origen ilegal, es China. Le siguen Japón, los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, a pesar de la legislación comunitaria que pretende controlar dicho comercio, al que se debe poner coto.

Fuente: Ecoavant.