Activismo perseguido
Se considera que Honduras es el lugar más peligroso del mundo para los defensores del Medio Ambiente ya que más de 150 fueron abatidos entre 2010 y 2015.
La principal activista de la comunidad indígena lenca, Berta Cáceres, quien luchó durante toda su vida contra las represas privadas y los proyectos mineros, llevaba últimamente una existencia casi fugitiva debido a las numerosas amenazas de muerte recibidas.
Contra la destrucción
Después del golpe militar de 2009, Honduras fue declarado “país abierto” para los negocios, especialmente si detrás de los mismos habían capitales extranjeros.
Una gran cantidad de “proyectos utópicos” de ciudades modelo para atraer a todo tipo de empresario están todavía en fase de diseño, pero los vastos recursos minerales de Honduras hicieron llegar rápidamente a los inversores.
Para explorar y dar cobertura a cientos de nuevas minas se les dio el visto bueno a 47 nuevos proyectos hidroeléctricos solo dos meses después del golpe, anulando la protección jurídica que tenían las tierras indígenas y el Medio Ambiente circundante.
Uno de ellos, Agua Zarca en el río Gualcarque, una represa que generaría 22 megavatios de electricidad, destruiría las tierras de cultivo y prácticamente la base de la existencia de los pueblos Lenca.
La intervención de la comunidad Lenca de Río Blanco y del Consejo de los “Pueblos Indígenas” de Honduras (COPINH), una asociación co-fundada por Cáceres, fueron determinante para detener la construcción de dicha presa.
De manera pacífica bloquearon la carretera de acceso al tráfico de materiales de construcción durante todo el año 2013, una medida que finalmente obligó a la empresa china Sinohydro a renunciar a su contrato.
El Banco Centroamericano también retiró la financiación y la comunidad parecía haber ganado, a costa de que los activistas se expusieron a ser heridos y hasta a morir en manos de los soldados que custodiaban el lugar de la construcción.
Pero en julio de 2014, DESA la firma local que tiene la concesión para represar el río decidió seguir adelante con el proyecto. Una nueva fase de la lucha comenzó, con protestas pacíficas que se combatieron con violentas represiones y cuyos integrantes fueron atropellados por excavadoras y vehículos de demolición.
Las amenazas contra los líderes del movimiento en general y contra Cáceres en particular, aumentaron. A la activista se le concedieron medidas especiales de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el gobierno de Honduras nunca las aplicó correctamente.
El en febrero de 2015 una marcha pacífica fue detenida y 100 manifestantes agredidos por los guardias de DESA. A finales del mismo mes, 50 familias tuvieron que presenciar la demolición de sus casas en la comunidad de La Jarcia.
Una muerte temida
En las primeras horas de la madrugada del jueves 3 de marzo varios hombres armados rompieron la puerta trasera de la casa de Cáceres y la mataron en su cama. También resultó herido Gustavo Castro, un activista mexicano que se encontraba de visita.
Cuando alertados por la familia llegaron policías y militares, éstos se comportaron de manera muy agresiva con los miembros de la familia y con los integrantes de la comunidad que estaban esperando para hablar con ellos.
Desde la misma escena del crimen, las fuerzas de seguridad del estado hondureño insinuaron que el móvil de la muerte de la activista fue el robo. El cuerpo de Cáceres envuelto en plástico fue tirado en la parte trasera de un camión sin siquiera marcar.
La segunda versión de la policía tras detener a otro líder de COPINH fue la de sugerir que el asesinato podría haber sido un "crimen pasional". Mientras tanto a Castro se le ha impedido de salir del país y se ha refugiado en la embajada de México.
COPINH ha pedido una investigación adecuada en donde estén presentes observadores internacionales. Aunque ahora la declaración oficial del gobierno es que lamenta el asesinato de Berta Cáceres y promete encontrar a los responsables, la asociación no confía en que la justicia hondureña sea realmente transparente y eficaz.
¿Quiénes son los asesinos?
En realidad nadie sabe quiénes dispararon a Berta Cáceres pero es imposible negar que detrás de su muerte haya tres factores que contribuyeron al menos indirectamente, a que el fin de la activista fuera el que fue.
El gobierno de Honduras, que conduce un país con el peor historial del mundo de homicidios de ambientalistas y que no protegió a Berta Cáceres a pesar de que ello le había sido ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La constructora Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), que tiene estrechos contactos con las fuerzas de seguridad del país y que es “vox populi” quien orquestó y financió una campaña de intimidación contra Berta Cáceres en los últimos meses.
Y por último, el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), el FMO, la Finnfund y la Voith-Siemens, los proveedores de fondos y las corporaciones que suscriben el Proyecto de Agua Zarca con sus préstamos y contratos de equipo
Una reflexión final
Pocas voces se han oído condenando un acto tan deleznable como es el de acallar a tiros la voz de alguien que defendía sus derechos, los de sus semejantes y al Medio Ambiente.
La muerte de Berta y la de tantos otros como ella, no deben quedar impunes, porque si así sucediera, toda su lucha, su vida y su muerte y la de cientos de activistas Medioambientales más, habrán sido en vano.
Fuente: ecotocias.com
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