El pasado domingo la Unión Europea y Canadá firmaron el controvertido
acuerdo sobre protección de las inversiones, cooperación reguladora y
comercio, acuerdo que pronto será arrojado al basurero de la historia.
Bruselas fue mucho más que un simbólico apretón de manos o una sesión de fotos.
Es la imposición a los ciudadanos europeos y canadienses de una
ideología que antepone el interés de la corporaciones al de las
instituciones democráticas. Pero el primer ministro canadiense
Trudeau y los gobiernos europeos saben que el CETA está herido de muerte
y que el debate que han intentado eludir es ya inevitable.
Este acuerdo no sobrevivirá al control democrático
y al largo proceso de ratificación durante los próximos meses. El
acuerdo entre la UE y Canadá sobre los derechos del inversor, la
cooperación reguladora y el comercio pronto se enfrentará a una votación en el Parlamento Europeo
y a muchas votaciones para su ratificación por los parlamentos de los
28 países de la UE. La legalidad de este controvertido sistema que
permite a las transnacionales demandar a estados (conocido como el
Sistema Judicial de Inversiones o ICS) también está pendiente de una
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y del tribunal constitucional
alemán. Este escrutinio legal será otro torpedo a la línea de flotación
del CETA.