No dan crédito a la última maniobra del Gobierno, que de la mano de una enmienda en el Congreso del Grupo Parlamentario Popular, han incorporado una disposición adicional en la futura Ley de la Cadena Alimentaria. Según esta enmienda los estudios que se basen en análisis de alimentos deben cumplir requisitos estrictos, como por ejemplo que antes de su publicación sean contrastados previamente por quienes se puedan considerar afectados, la industria agroalimentaria.
Es decir, si una asociación decide analizar un alimento y, por ejemplo, detecta un elevado nivel de un contaminante deberá respetar los plazos y procedimientos exigidos y entregar a los productores de ese alimento los datos obtenidos para que puedan ser contrastados por ellos. De esta manera, entrará en el largo y lento camino de las trabas de la industria hasta que, de darse, se pueda llegar a publicar esa información. De no aceptar este proceso, toda organización indisciplinada será sancionada. El argumento esgrimido para tal descalabro es tan sencillo como falso, proteger a los consumidores de la desinformación.
