En Ecologistas en Acción ha producido
indignación conocer a través de un artículo publicado hoy en el diario
El País que el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) gastó en
2012 casi un millón de euros por el arrendamiento cinegético y por el
suministro de perdices y pienso en la finca la Encomienda de Mudela
(provincia de Ciudad Real). Escandaliza aún más saber que ese gasto
viene siendo habitual y que en realidad tiene como finalidad disponer de
una finca para la Jefatura del Estado, es decir, para que cace el Rey.
Pero lo que repugna en un momento en el que las restricciones presupuestas asfixian al OAPN y sirven de coartada para justificar la caza en los terrenos que gestiona, es que ese dinero ni siquiera sirvió en 2012 para que nadie cazara y que está prevista una prórroga para 2013 aún habiendo anunciado la Casa Real que Rey que éste ya no va a ir a cazar allí.
La gestión de los contratos, y en concreto el que beneficia a Patxi Garmendia a través de su empresa agrocinegética, debe ser investigada ¿Qué hacemos pagando a un amigo del Rey más de 350.000 euros anuales para que haga sueltas de perdices que encima no se cazan? Es más, ¿qué hacemos pagando desde los presupuestos generales del Estado un dineral para una práctica cinegética intensiva que es la antítesis del modelo de gestión sostenible que propugna la legislación?
Pero lo que repugna en un momento en el que las restricciones presupuestas asfixian al OAPN y sirven de coartada para justificar la caza en los terrenos que gestiona, es que ese dinero ni siquiera sirvió en 2012 para que nadie cazara y que está prevista una prórroga para 2013 aún habiendo anunciado la Casa Real que Rey que éste ya no va a ir a cazar allí.
La gestión de los contratos, y en concreto el que beneficia a Patxi Garmendia a través de su empresa agrocinegética, debe ser investigada ¿Qué hacemos pagando a un amigo del Rey más de 350.000 euros anuales para que haga sueltas de perdices que encima no se cazan? Es más, ¿qué hacemos pagando desde los presupuestos generales del Estado un dineral para una práctica cinegética intensiva que es la antítesis del modelo de gestión sostenible que propugna la legislación?